El Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, exhortó este fin de semana a varios grupos de la sociedad civil del departamento, a las asociaciones de profesionales y estudiantes de la salud así como a los sindicatos del país, a la conformación de una amplia veeduría por la vida y la salud para ejercer un control social y ciudadano que siente un prercedente ante la interven7ción injustificada e inconveniente que adelantó el pasado 11 de mayo el superintendente Fabio Aristizábal, en hechos ya conocidos por la opinión pública.
La intervención, que para el departamento resulta altamente perjudicial en momentos de pandemia COVID-19, genera suspicacias diversas expresadas por el gobernador, relacionadas con la connivencia entre sectores políticos tradicionales que a través de la Supersalud intentarían recuperar una burocracia distribuida con criterios de politiquería; con una intención subterfugia de hacerse nuevamente a la contratación departamental con fines de saqueo, y al intercambio de favores con congresistas del Magdalena, quienes han ampliado desde el legislativo las facultades y poderes del superintendente Aristizábal.
El mecanismo de veeduría propuesto tendría también como finalidad exigir una nueva ruta de trabajo que reemplace el Plan Sanitario diseñado por la gobernación, consistente en 17 ítems, y que incluía inversiones provenientes de los recursos del sistema general de regalías por $49.161.043.141, para brindar garantías de atención y para fortalecer la infraestructura y dotación de este importante centro hospitalario, además de ampliar a 280 camas las destinadas para la atención exclusiva de la pandemia. El nuevo plan que defina la Supersalud debe adelantarse con los recursos del Gobierno Nacional, comoquiera que la administración departamental reorientará sus recursos al fortalecimiento de los hospitales de primer y segundo nivel en los pueblos del departamento.
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Finalmente, el gobernador Caicedo hizo un llamado al procurador Fernando Carrillo, al defensor del Pueblo Carlos Negret y a los demás entes de control, a vigilar el proceso de intervención dados los serios cuestionamientos que afectan al intendente delegado Luis Oscar Galvez Mateus, investigado junto a otros cuatro funcionarios de la Superintendencia por presuntas irregularidades en la intervención del Hospital Departamental de Villavicencio.
Entre las irregularidades estarían la modificación del estatuto interno de contratación del hospital, la eliminacion de requisitos de transparencia y deterioros notables en la infraestructura.
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