Por: Idinael Fernández Caballero
Periodista LA PORTADASM
Valer y defender el derecho a la vida, ha sido el principal
objetivo de las violentas protestas que han venido protagonizando los reclusos
de los centros carcelarios de Colombia, con el fin de evitar ser contagiados
por la amenaza del coronavirus que ha cobrado miles de vidas en el planeta.
Las
precarias condiciones inhumanas en que se encuentra la población carcelaria, lo
hacen vulnerables frente a la silenciosa e invisible pandemia que incluso los
conllevaría a la muerte por la indiferencia de los operadores de la justicia.
La fuerte tensión que se registra en los institutos
penitenciarios y carcelarios, era una bomba de tiempo que en cualquier momento
estallaba e inmediatamente provocaría una gran emergencia. Y precisamente,
obedece a los desaciertos del Estado que no ha encontrado una fórmula o
adoptado una política eficaz para acabar esta lucha o crisis que diariamente
afrontan los guardianes del Inpec para controlar el ambiente en los presidios.
El desespero y zozobra también se apoderó de la población
carcelaria de Colombia que además de convivir hacinados y con deficiencias en
la prestación médica, ahora se suma el Covid-19, lo que ha incrementado la
preocupación de 122 mil presos que de manera violenta han hecho sentir sus
voces de protesta a través de enfrentamientos con guardias del Inpec, lo que ha
dejado como resultado 24 reclusos muertos y más de 80 heridos porque aún no ha
sido aislados.
Los días pasan y el panorama sigue alterándose por las
indecisiones del aparato judicial que aún no ha dado a conocer una alternativa
penal frente al covid-19, incluso no ha planteado estrategias que permitan
descongestionar los centros penitenciarios y carcelarios del país.
En reiteradas oportunidades, el colectivo de abogados
penalistas ha propuesto al Ministerio de Justicia, Inpec y Fiscalía General de
la Nación adoptar una medida transitoria
de prisión domiciliaria para hacer valer el derecho a la vida a las siguientes
personas:
Mayores de 60 años, enfermos, delitos culposos, condenas
menos de 5 años, madres gestantes o cabezas de hogar, ex paramilitares
postulados del proceso de Justicia y Paz que hayan cumplido más de la mitad de
la pena y con buenos comportamientos,
permisos de 72 horas (tiempo de la medida por 3 meses prorrogables). No
obstante, los reclusos que no tendrían beneficios son los que hayan cometido
delitos contra niños, niñas y adolescentes,
Administración Pública y durante o con ocasión directa e indirecta del
conflicto armado.
¿Y el plan 10 mil?
Un programa estatal denominado plan 10 mil, se había
convertido como la propuesta más viable y sólida por parte del Inpec, Fiscalía
y Ministerio de Justicia para poder descongestionar los establecimientos
penitenciarios y carcelarios del territorio nacional. Dicha iniciativa
mitigaría los efectos colaterales del hacinamiento que en gran medida ha puesto
en riesgo la salud de los reclusos, pero inexplicablemente cuando avanzaba a
buen ritmo, el proceso se estancó y un gran porcentaje de presos que fueron
beneficiados o seleccionados por haber cumplido más de la mitad de la condena y
por buen comportamiento, están a la espera de recobrar la libertad a través del
mencionado proyecto.
La población carcelaria del establecimiento penitenciario de
Santa Marta “Rodrigo de Bastidas”, se mostró solidaria frente a la tragedia
ocurrida en La Modelo de Bogotá y los desmanes registrados en otros presidios
del país, donde solicitaron al Presidente Iván Duque y poder judicial continuar
o darle celeridad al Plan 10 mil porque podría constituirse en la única
herramienta principal para descongestionar las cárceles y de esa manera
acabaría con el temor producido por la pandemia.
“El plan 10 mil es una propuesta que iba avanzada, incluso
fueron seleccionados los reclusos beneficiados con esta propuesta, pero sin
justa causa se paralizó o estancó esta iniciativa que le iba a solucionar la
crisis en las cárceles del país. Esperamos que nuestro presidente Duque, evalúe
este proyecto que se constituye en otra oportunidad para nuestras vidas, ya que
merecemos una segunda oportunidad porque como seres humanos cometimos errores y
ahora queremos contribuir al bien de la sociedad”, expresó Jimmy Zapata
Salinas, recluso.
La otra propuesta fue planteada por miembros de la mesa
directiva del movimiento nacional carcelario encabeza de Aimer Serrano Serrano,
quien desde la prisión de alta y mediana seguridad “La Tramacuda” en Valledupar
colocó a consideración del Gobierno zonas veredales como medida de
descongestión de las cárceles y penitenciaria del país.
“Solicitamos que como medida de excarcelación y
descongestión carcelaria se crean zonas veredales, donde los presos, puedan
hacer uso de la fuerza del trabajo y mano de obra, generando de esta manera
nuestra propia subsistencia y abastecer de alimentos a toda la sociedad en
general. Por ello solicitamos como plan de emergencia se decrete las facultades
que le confiere el artículo 112 114 Superior que tienen relación directa para
combatir la propagación del covid-19”, expresó.
La decisión está en manos del Gobierno Nacional para
solucionar la crisis carcelaria a través de dichas propuestas jurídicas, por lo
que se espera actúe con prontitud para garantizar la vida y bienestar de los
presos para que algunos recobren la libertad antes que sean extinguidos por la
silenciosa e invisible covid-19.