La Juez Trece Administrativo de Barranquilla, Roxana Angulo,
negó las pretensiones de una acción popular que buscaba anular el contrato de
acciones que suscribió en 1991 la empresa Inassa y el Distrito, durante el gobierno
de Bernardo Hoyos Montoya.
Según el fallo judicial, el accionante no entregó los
elementos de juicio necesarios que permitan determinar la violación de los
derechos colectivos invocados por el actor en la acción popular.
La juez aceptó los argumentos de la firma Interamericana de
Aguas y Servicios, Inassa S.A, en el sentido de que lo que se demandó en la
acción popular ya “era una cosa juzgada”.
El 82 por ciento de las acciones de Inassa en Triple A son
manejadas por la Sociedad de Activos Especiales por orden de la Fiscalía que
investigan presuntos hechos de corrupción con el pago de contratos ficticios.
