El abogado Jesús Yepes denunció
ante el ente investigador las presuntas irregularidades en el trámite de la
millonaria licitación que al parecer estaría favoreciendo a un solo oferente.
Desde que el Sena anunció la
apertura de una licitación para la modernización de la infraestructura
tecnológica para la entidad por $720.000 millones la polémica no ha cesado. La
Procuraduría General solicitó su suspensión y ahora a la Fiscalía General llegó
una denuncia que presentó el abogado Jesús Yepes que alega la existencia de
presuntas irregularidades que tendrían incluso un carácter penal.
La clave de este asunto está en
que, al parecer, la estructuración de la licitación solo permitiría a un
oferente cumplir con los requisitos. En este caso, el proponente es Telefónica
y se ha cuestionado un posible favorecimiento a la multinacional china Huawei
porque las características técnicas del proceso implican productos solo fabricados
por esa empresa.
“Huawei ha ofertado esos
componentes a Telefónica S.A., quien, contrario a todos los interesados en el
proceso, anunció públicamente que estaba en condiciones de presentar oferta. En
consecuencia, con oportunidad, agentes especiales han intervenido en la
elaboración de las exigencias de aquellos suministros desde la Universidad
Nacional y el Sena, para pedirlos en los mismos términos de referencia del
único fabricante, obviando sus denominaciones genéricas, que, en todo caso, son
fabricadas por otras tantas empresas”, dice la denuncia.
De acuerdo con el abogado, en
este asunto habría condiciones “fraudulentas”, lo que iría en contra de la
libre competencia. En criterio del abogado, en este caso habría un posible caso
de contrato sin requisitos legales, interés indebido en la celebración de
contrato, acuerdos restrictivos de la competencia y peculado. Además, afirman,
la licitación se estaría haciendo a espaldas de los Acuerdos Marco de Precios y
las pautas de Colombia Compra Eficiente.
“Expone el erario a un sobrecosto
del 479 % respecto de los valores sobre los cuales se presenta hoy el mismo
servicio; en los componentes de Data Center y Conectividad establece un
detrimento patrimonial para el Estado que ronda los $ 174.721.000.000; es por
todo esto que se han disparado las alarmas en la Procuraduría General de las
Nación, la Secretaría de Transparencia y Colombia Compra Eficiente”, agrega la
denuncia.
En ese sentido, el documento
radicado a la Fiscalía General hace referencia a la posible participación en
estos hechos de funcionarios del Sena, incluido su director, Carlos Mario
Estrada Molin; de la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya; y del
representante legal de Huawei. El proceso fue suspendido en agosto pasado por
el Sena.
“Somos conscientes de la
complejidad de los procesos de contratación de los servicios de tecnología para
las entidades del Estado, por las inversiones tan altas de recursos públicos y
los cambios vertiginosos que se presentan en el sector tecnológico, por ello,
estamos dispuestos a analizar todas las variables, al igual que cada una de las
recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación, Colombia Compra Eficiente
y otros entes que quieran sumarse a este proceso”, indicó la entidad en un
comunicado.
