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El lío del contrato de modernización del Sena llega a la Fiscalía


El abogado Jesús Yepes denunció ante el ente investigador las presuntas irregularidades en el trámite de la millonaria licitación que al parecer estaría favoreciendo a un solo oferente.

Desde que el Sena anunció la apertura de una licitación para la modernización de la infraestructura tecnológica para la entidad por $720.000 millones la polémica no ha cesado. La Procuraduría General solicitó su suspensión y ahora a la Fiscalía General llegó una denuncia que presentó el abogado Jesús Yepes que alega la existencia de presuntas irregularidades que tendrían incluso un carácter penal.

La clave de este asunto está en que, al parecer, la estructuración de la licitación solo permitiría a un oferente cumplir con los requisitos. En este caso, el proponente es Telefónica y se ha cuestionado un posible favorecimiento a la multinacional china Huawei porque las características técnicas del proceso implican productos solo fabricados por esa empresa.

“Huawei ha ofertado esos componentes a Telefónica S.A., quien, contrario a todos los interesados en el proceso, anunció públicamente que estaba en condiciones de presentar oferta. En consecuencia, con oportunidad, agentes especiales han intervenido en la elaboración de las exigencias de aquellos suministros desde la Universidad Nacional y el Sena, para pedirlos en los mismos términos de referencia del único fabricante, obviando sus denominaciones genéricas, que, en todo caso, son fabricadas por otras tantas empresas”, dice la denuncia.

De acuerdo con el abogado, en este asunto habría condiciones “fraudulentas”, lo que iría en contra de la libre competencia. En criterio del abogado, en este caso habría un posible caso de contrato sin requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato, acuerdos restrictivos de la competencia y peculado. Además, afirman, la licitación se estaría haciendo a espaldas de los Acuerdos Marco de Precios y las pautas de Colombia Compra Eficiente.

“Expone el erario a un sobrecosto del 479 % respecto de los valores sobre los cuales se presenta hoy el mismo servicio; en los componentes de Data Center y Conectividad establece un detrimento patrimonial para el Estado que ronda los $ 174.721.000.000; es por todo esto que se han disparado las alarmas en la Procuraduría General de las Nación, la Secretaría de Transparencia y Colombia Compra Eficiente”, agrega la denuncia.

En ese sentido, el documento radicado a la Fiscalía General hace referencia a la posible participación en estos hechos de funcionarios del Sena, incluido su director, Carlos Mario Estrada Molin; de la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya; y del representante legal de Huawei. El proceso fue suspendido en agosto pasado por el Sena.

“Somos conscientes de la complejidad de los procesos de contratación de los servicios de tecnología para las entidades del Estado, por las inversiones tan altas de recursos públicos y los cambios vertiginosos que se presentan en el sector tecnológico, por ello, estamos dispuestos a analizar todas las variables, al igual que cada una de las recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación, Colombia Compra Eficiente y otros entes que quieran sumarse a este proceso”, indicó la entidad en un comunicado.
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