Las comisiones VII de Senado y Cámara, lideradas por el
Senador Honorio Henríquez, aprobaron en primer debate el proyecto de ley que
tiene como objetivo principal robustecer las capacidades de inspección,
vigilancia control que tiene la Superintendencia de Salud, como herramienta
fundamental para combatir la corrupción y garantizar un eficiente y oportuno
servicio de salud a los colombianos.
Este fortalecimiento gira entorno a tres grandes áreas:
1. El endurecimiento de las medidas de control, con multas a
las EPS e IPS, que oscilan entre 200 y 8000 para personas jurídicas y entre 50
y 2000 salarios mínimos para personas naturales. Estás serán impuestas cuando
se afecte el derecho a la salud de los colombianos. Adicionalmente, se otorga
la posibilidad de quitarle el permiso de funcionamiento a las EPS, temporal o
permanentemente cuando se presenten incumplimientos que pongan en riesgo la
vida de los pacientes.
Por otra parte, se establece la posibilidad de prohibir a
los gerentes de las EPS's, para que trabajen en alguna entidad prestadora de
salud pública o privada, hasta por 15 años, cuando su conducta atente contra la
estabilidad del sistema.
2. Adopción de nuevas facultades de inspección, vigilancia y
control, a través del establecimiento de "nuevos límites a los procesos de
reorganización para garantizar un correcto flujo de recursos y el pago de
acreencias con los otros actores del sistema, de manera que no se diluyan las
responsabilidades adquiridas por la entidad solicitante, particularmente,
cuando se encuentran sometidas a una medida especial."
De otro lado, se faculta a la Superintendencia para emitir
instrucciones contables a sus sujetos vigilados, respecto del reconocimiento,
presentación y revelación de los estados financieros, en cumplimiento de los
marcos técnicos normativos de contabilidad e información financiera.
3. Especializa y concentra funciones, de tal forma que, se
ajusten ciertas competencias que no corresponden propiamente con el objeto y
las atribuciones que desempeña la superintendencia, cómo los conflictos
derivados del reconocimiento y pago de las prestaciones económicas que
actualmente conoce en desarrollo de la función jurisdiccional, así como, los
procesos de reintegro de recursos provenientes de la ADRE, haciendo más
eficiente la gestión de la Superintendencia en sus actividades misionales.
