Con la integración de la política
pública en la construcción de los planes de desarrollo, el mejoramiento de los
sistemas de información, una estrategia de asistencia técnica a municipios y
una agenda para la gestión nacional, se activa la ruta para garantizar los
derechos de esta población.
La jefe de la Oficina de Paz,
Atención a Víctimas, Derechos Humanos y Posconflicto de la Gobernación del
Magdalena, Anabel Zúñiga, se reunió con el Alto Consejero para la Paz y el
Posconflicto del Distrito de Santa Marta, Vilbrum Tovar, y con Jair Díaz
Granados, director Territorial Magdalena de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas. El propósito fue planear la ruta de acción
que se ejecutará de manera conjunta en el marco de esta alianza para el cambio.
Anabel Zúñiga, expresó acerca de
los objetivos de esta agenda. “Por un lado, establecer los ejes centrales que van
a trabajarse como líneas para la integración de la política pública de víctimas
en lo que será la construcción del plan de desarrollo, un plan que proyectamos
ampliamente participativo y que va a contar con una presencia de la población
víctima del Departamento”.
Asimismo, indicó que se van a
mejorar los sistemas de información, desde la recolección hasta el reporte en
las plataformas dispuestas para el seguimiento a nivel nacional. También se
desarrollará una estrategia para brindar asistencia técnica a los municipios y
una agenda para gestión a nivel nacional con el fin de ampliar la capacidad de
acción y el presupuesto en beneficio de la población víctima del Magdalena. Es
de resaltar, que el sistema tiene más de 311 mil víctimas registradas en el Departamento,
de las cuales 211 mil aproximadamente son sujetos de atención.
La funcionaria departamental
planteó los desafíos de su dependencia. “Los retos en materia de asistencia y
atención, de cumplimiento de garantías de no repetición, de participación, para
la oficina son amplios, son ambiciosos. Esto, nuestro gobernador Dr. Carlos
Caicedo lo ha tenido priorizado, lo ha tenido como una de las poblaciones a las
que más queremos llegar para restablecer esos derechos que en la dinámica del
conflicto les fueron cercenados, les fueron limitados”.
Agregó, además “nuestra política
es hacer alianzas con el mayor número posible de entidades del orden
territorial y nacional, trabajar de manera armónica, cumplir con el principio
de subsidiariedad, de correspondencia, de corresponsabilidad en la garantía y
goce efectivo de derechos de la población víctima del conflicto”.
