Preocupado ante cualquier eventualidad jurídica que afecte
el desarrollo de los Acuerdos de Paz y los derechos de las víctimas del
conflicto armado en Colombia, el dirigente costeño Carlos Caicedo se pronunció
tras conocerse la reciente posición del presidente Iván Duque sobre seis de los
159 artículos de la Ley Estatuaria de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Las inquietudes del vocero nacional de Fuerza Ciudadana
surgieron luego que el Jefe de Estado solicitó una nueva revisión con fines de
reforma constitucional a dicha norma legal, la cual consiste en administrar
justicia transicional y conocer los delitos cometidos en el marco del conflicto
antes del 1 de diciembre de 2016, en aras de satisfacer los derechos de las
víctimas, además de ofrecerles verdad y contribuir a su reparación.
La decisión del presidente Duque de objetar la Ley reglamentaria, argumentando su inconveniencia, afecta gravemente a la justicia transicional representada en la JEP, a los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia y a la reparación integral y garantía de no repetición”, apuntó Caicedo.
De acuerdo con el exalcalde de Santa Marta, las objeciones a
la JEP ponen en entredicho lo pactado en el Acuerdo de Paz, suscrito por el
Estado colombiano y ampliamente respaldado por la comunidad internacional.
“El Estado colombiano debe honrar su palabra de cumplir los
compromisos adquiridos ante la comunidad internacional y el Sistema de Naciones
Unidas en el Acuerdo final para el fin del conflicto y la construcción de una
Paz estable y duradera. El funcionamiento de la JEP con el pleno apoyo de la
institucionalidad no es discrecional del fuero presidencial, ni de ningún
órgano del poder público; su legalidad estuvo sometida al control de la Corte
Constitucional y encontrada ajustada al ordenamiento constitucional vigente”,
indicó el dirigente.
Con relación a la visión y la posición de garantes por parte
de organismos internacionales, Caicedo enfatizó: “La misión de observación de
las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional han observado la gravedad de
la situación que se produciría de persistir las conductas tendientes a
incumplir lo que son obligaciones de justicia del Estado con las víctimas del
conflicto armado, los desmovilizados y los demás actores involucrados en el
conflicto armado”.
Igualmente, el exmandatario de la capital del Magdalena que
“la incertidumbre jurídica en que quedan los desmovilizados de las Farc y los
militares vinculados no es buena para la Paz” debido a que, según él, “nuevamente
serán las víctimas quienes verán vulnerados sus derechos fundamentales”.
Asimismo, respaldó que la presidenta de la JEP, magistrada
Patricia Linares, haya asegurado que esta Ley continuará con sus obligaciones
constitucionales de aplicar la justicia transicional.
Es de destacar que si en el Congreso llegaran a aceptar las
respuestas del ejecutivo, podría acarrear en otra larga demora en el proceso.
Con relación a ello, Caicedo concluyó haciendo un llamado al Capitolio para que
el legislativo nacional actúe acorde a lo establecido inicialmente: “El Congreso de la República deberá conocer las objeciones
del ejecutivo y decidir sobre el fundamento de las mismas. Esta responsabilidad
deberá ratificar lo que ya es un acto legal refrendado por la honorable Corte
Constitucional. Ni la comunidad democrática de Colombia, ni la internacional
esperarían una modificación de la Ley por ellos promulgada”, concluyó.
Por su parte, las directivas de Fuerza Ciudadana
manifestaron estar igual de comprometidas con las víctimas del conflicto en
defensa de sus derechos, por lo que exhortaron a “las fuerzas democráticas del
país a ofrecer todo su apoyo moral y político a la JEP para que cumpla con la
misión asignada por el Acuerdo y la Constitución e invita al Congreso a contar
con la Ley objetada”.