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Fiscalía reconoció que el gobernador Carlos Caicedo no puso en riesgo los recursos públicos en contratación de la Megabiblioteca

El Fiscal 12 delegado ante la Corte Suprema de Justicia precisó que no hubo una animadversión de recursos por parte del mandatario de los magdalenenses. Asimismo, el Tribunal Administrativo de Bogotá aplazó la continuidad de la  audiencia para que la defensa del gobernante presentara sus argumentos el 19 de abril.       

Ayer se cumplió la audiencia en que la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al gobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, por presunto contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público, todos estos en el contexto de la contratación de la ‘Megabiblioteca 500 años’, una obra que contrario a los que indica el expediente del ente fiscal, hoy le presta el servicio a toda Santa Marta, en materia de educación y cultura, tal como fue pensado en 2014 por Caicedo mientras era alcalde de la ciudad.

Durante la diligencia, Víctor Salcedo Fuentes, Fiscal 12 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, reconoció que las acusaciones endilgadas al mandatario departamental no pusieron en riesgo la administración de los recursos públicos. Salcedo aclaró que los cargos presentados “no exige un perjuicio económico”.   

Ante los argumentos infundados por el ente acusador y en razón de la verdad del mismo caso, el doctor Caicedo Omar no aceptó los cargos ante el Tribunal Superior de Bogotá, dejando en pie su inocencia sobre las estratagemas de Salcedo Fuentes. 

La defensa jurídica del gobernador ha sido enfática  en que contrario a lo comunicado por la Fiscalía, no hubo vulneración del principio de planeación y la transparencia de los certificados y documentos aportados para la construcción de la megaobra. 

“No acepto los cargos y me declaro inocente”, dijo con contundencia la cabeza del ejecutivo del departamento. Y como muestra de que la Megabiblioteca no es un proyecto siniestrado, el gobernador Caicedo Omar participó de la audiencia desde este lugar, ratificando que es un escenario real que está al servicio de todo el pueblo samario.    

Al término de la primera parte de la diligencia quedó demostrado que ninguno de los dos delitos imputados implican detrimento o afectación al patrimonio, además, que la institución judicial se detuvo en el cambio del nombre del proyecto y en el argumento fallido de que la Megabiblioteca no estaba en el sector de Mamatoco, en lo cual hay un yerro por que sí existe una correspondencia geográfica.      

Y aunque el fiscal delegado fue incisivo en que el gobernador debía ser cobijado con medida de aseguramiento, el magistrado del Tribunal estimó darle un tiempo prudente a la defensa para que presentara sus descargos. Los abogados refutaron, apelando a la legislación colombiana, que así como la Fiscalía tuvo siete años para armar sus hipótesis del caso, era procedente que le permitieran atender los señalamientos sin presiones, invocando el derecho a la igualdad. 

La audiencia quedó reprogramada para el próximo 19 de abril a las 9 de la mañana. Mientras se desarrolló el proceso exprés solicitado por la Fiscalía, el pueblo del Magdalena reclamó al ente fiscal un trámite apegado a la recta administración de justicia, desapegado de favores políticos.

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