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Caicedo logra que OCAD apruebe a la Gobernación ser ejecutora del PAE para beneficiar 141 mil niños del Magdalena

El mandatario departamental le recordó a la Procuraduría que las demoras en la ejecución del programa obedecieron al bloqueo orquestado por el Presidente Duque a través de los gobernadores de Bolívar, Córdoba y Sucre.

Luego de una ardua y persistente lucha el gobernador Carlos Caicedo Omar logró que el Órgano Colegiado Administrativo de Decisión –OCAD- Caribe finalmente aprobara a la Gobernación del Magdalena como entidad ejecutora del Programa de Alimentación Escolar –PAE-, en beneficio de 141 mil niños y niñas del Departamento.

La decisión adoptada por unanimidad en la 8 sesión desarrollada este martes 24 de mayo en Cartagena, da cumplimiento a la sentencia favorable que Caicedo Omar obtuvo recientemente en el trámite de la acción de tutela que presentó contra el gobernador de Bolívar, quien preside del OCAD Regional Caribe, tutela que tiene por objeto lograr el amparo judicial del derecho a la alimentación de los 141 mil niños magdalenenses cobijados por el PAE.


CAICEDO LE RESPONDE A LA PROCURADURÍA

Dicha medida coincide con un pronunciamiento extemporáneo de la Procuraduría General de la Nación que en días pasados pidió al OCAD adoptar acciones inmediatas para garantizar el derecho a la educación. Hasta la fecha el Ministerio Público había guardado silencio cómplice, a sabiendas que fueron los gobernadores de Bolívar, Córdoba y Sucre, miembros del Órgano, quienes se oponían a que el Departamento fuese designado como entidad ejecutora del PAE.

Al respecto, en su cuenta de Twitter el gobernador Caicedo le manifestó: “Justo después de fallos a nuestro favor y de una larga lucha con padres de familia, defendiendo el PAE del Magdalena, viene ahora la Procuraduría a sacar pecho cuando guardaron silencio ante las denuncias y no sancionaron a los gobernadores que nos montaron el bloqueo ordenado por Duque. Sería bueno que explicaran que la culpa de no haber podido ejecutar el PAE a tiempo, se debe al saboteo de miembros del Ocad Caribe, que le hacen favores al presidente Duque para bloquear nuestra gestión. Son ellos los culpables de que más de 140 mil niños no reciban alimentación”.

Lo dicho por el mandatario departamental fue reiterado por el Jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación, José Humberto Torres, quien por directrices del Gobernador, lideró la batalla jurídica que terminó dándole la razón al Gobierno del Cambio.

Vía Twitter el jefe de la Oficina jurídica de la Gobernación manifestó: “nada dijo la Procuraduría General de la Nación, sobre esta infamia, agenciada por el Gobierno Nacional para privar del derecho a la alimentación a 141 mil niños y niñas; ahora después de que los jueces nos dan la razón aparece el Ministerio Público como adalid de los derechos”.


ASÍ FUE EL BLOQUEO CONTRA CAICEDO

Cabe recordar que, pese a 8 meses de bloqueos, el proceso avanzó luego que la Gobernación coadyuvara más de 2 mil tutelas presentadas por los padres de familia entre noviembre y diciembre de 2021, obligando al OCAD a que en la sesión del 6 de diciembre del mismo año aprobara el proyecto, sesión en la cual el Ocad designó de forma arbitraria al ICBF como ejecutor del PAE Magdalena.

Ante la negativa del ICBF de ser entidad ejecutora, el 17 de febrero del 2022 el OCAD volvió a decidir en contra de ley aprobando, incluso con el voto en contra del Ministerio de Hacienda que fuera la RAP, la entidad ejecutora del PAE 2022.

Finalmente, ambas entidades reconociendo que no debían ejecutar el programa de alimentación, terminando el OCAD dándole la razón al gobernador Caicedo aprobado que la Administración Departamental ejecute el proyecto PAE para el Cambio.

Desde la Gobernación del Magdalena, liderada por Carlos Caicedo, se han realizado todos los trámites administrativos correspondientes y necesarios para que el derecho a la alimentación escolar le sea restituido a 141 mil niños del Departamento que tanto la necesitan.

Se trata de otro gran logro de la Gobernación del Cambio al haber logrado romper las barreras impuestas por intereses mezquinos y politiqueros de los sectores que pretenden desconocer los derechos fundamentales y atentar contra la dignidad del pueblo magdalenense.

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