Esta
sentencia fue referenciada con el número de radicación IUS E-2017-869639 IUC
D-2017-1038548 del ente de control y estuvo a cargo de Procurador Delegado,
Luis Francisco Casas Farfán.
Esta
investigación demuestra la persecución
sin fundamento, en la que se vulneraron los derechos políticos de Rafael
Martínez, bajo el argumento que el exalcalde Carlos Caicedo y hoy Gobernador
del Magdalena, asistió a la inauguración de los Juegos Bolivarianos, el pasado
1 de noviembre del 2017, con fines de promover su candidatura presidencial, y
señalando a Martínez de participar en política en favor del mencionado precandidato.
Todos esos
argumentos fueron desvirtuados en la investigación teniendo en cuenta que
Carlos Eduardo Caicedo asistió a algunos espacios por invitación del Comité
Olímpico, que extendió la misiva para que acompañara las justas del 11 al 24 de
noviembre, la inauguración el día 11 de noviembre, las premiaciones y además le
entregó acreditación para poder ingresar a todos los eventos deportivos que se
realizaron. El fallo señala además que la presencia de Caicedo se dio “en el
marco de una relación de colaboración con la organización de los Juegos
Bolivarianos, ad honorem y generosa de él, desprovista de cualquier fin o
interés político”.
Se debe recordar que dicha investigación derivó en la suspensión del cargo del ex Alcalde por un periodo de 90 días, tiempo en el que, por capricho de un procurador, Martínez estuvo alejado de la gestión pública, los proyectos del Gobierno del Cambio y perdió tiempo que no podrá recuperar en su propósito de la continuidad de la transformación de la ciudad. Esto además de violar su derecho político, desconoció la decisión de miles de samarios que votaron por la Fuerza del Cambio.
Con esto
queda demostrado una vez más, que los clanes políticos, usando todo tipo de
artimañas y negándose al hecho de perder en las urnas, provocaron la suspensión
del cargo de Rafael Martínez, incentivaron un comportamiento atípico,
favorecieron a las mafias y los propósitos del Uribismo.
La
Procuraduría no puede, como expresó la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, vulnerar los derechos de los funcionarios públicos elegidos por
votación popular, así algunos políticos
se empeñen en usar las instituciones a su favor para derrotar las
manifestaciones democráticas de los ciudadanos.
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