En los municipios de El Banco, Guamal y San Sebastían de Buenavista (Magdalena), y Tamalameque, Chimichagua y Astrea (Cesar), la Defensoría advierte la presencia de actores armados y economías ilegales que ponen en riesgo a las comunidades.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 012 de 2021 para seis municipios de los departamentos de Magdalena y Cesar. En esta Alerta se advierte riesgo por la presencia y accionar de actores armados ilegales como el Clan del Golfo y Los Urabeños en los municipios de El Banco, Guamal, San Sebastián de Buenavista en Magdalena.De la misma forma, en Tamalameque, Chimichagua y Astrea
(Cesar), se advierte riesgo por la presencia esporádica del Ejército de
Liberación Nacional (ELN) y otros grupos de delincuencia común y Los Rastrojos,
principalmente.
La ubicación de estos seis municipios tiene una importancia
estratégica por tres razones: Es el comienzo del Bajo Magdalena, el punto de
confluencia entre el Magdalena Medio y el litoral Caribe, y por tanto un punto
clave para las economías ilegales de narcotráfico y tráfico ilegal de oro. El
complejo sistema de ríos, caños y ciénagas ribereñas de esta región es ideal
para el transporte clandestino de mercancías ilegales.
Estos sistemas hídricos funcionan como costa interior de la
región Caribe, zona de retaguardia y repliegue para las estructuras armadas.
Además, por su cercanía a la frontera venezolana también hay presencia de
economías ilegales asociadas al contrabando de gasolina, armas y tráfico y
trata de personas.
En estos sectores se encuentra una arquitectura altamente
sofisticada dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, y dispositivos de
coerción responsables de garantizar entornos para el narcotráfico. Allí se
halla una amplia y dispersa red de bandas criminales que terminan
instrumentalizadas en función de los intereses de quienes controlan las
economías ilegales asociadas al narcotráfico.
Se ha observado, sobre todo en los 3 municipios cesarenses,
acciones de Los Rastrojos encaminadas a reclutar hombres con experiencia
militar para trasladarlos a la zona de frontera de Norte de Santander con
Venezuela.
La Alerta Temprana advierte riesgo de ocurrencia de
homicidios, restricciones a la movilidad e imposición de normas de conducta a
la población civil, constreñimiento, amenazas, hostigamientos, desplazamientos
forzados, reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, violencia sexual y basada en género, tráfico de
personas con fines de explotación sexual, atentados y reclutamiento forzado de
personas con experiencia militar.
La Defensoría advierte que entre la población en riesgo se
encuentran, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres, población víctima
del conflicto, comunidades étnicas (afrodescendientes e indígenas del pueblo
Ette Ennaka), campesinos, migrantes venezolanos y población socialmente
estigmatizada (consumidores de droga, personas que realizan actividades
sexuales en contextos de prostitución).
La Defensoría del Pueblo les recomendó a las entidades
territoriales y al Ministerio del Interior activar mecanismos de prevención
como los Planes Urgentes de Reacción y Prevención en el marco de los Comités
Territoriales de Prevención de los municipios focalizados.
A las entidades territoriales, a la Unidad de Víctimas y al
Ministerio del Interior les recomendó realizar balance de asignaciones
presupuestales para la implementación de los Planes Departamentales y
Municipales de Prevención y Contingencia.
Al Ministerio del Interior activar el Comité
Interinstitucional de Lucha Contra la Trata de Personas. A las entidades
territoriales y Ministerio de Defensa fortalecer la capacidad técnica y
operativa en el territorio para garantizar la seguridad y promover el
desmantelamiento de las estructuras y conductas criminales.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo le recomendó a la
Agencia Nacional de Tierras consolidar un informe de titulación de baldíos para
la población campesina.
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