Más de $18 mil millones en riesgo de perderse para alcaldías y gobernación del Magdalena, tras decreto del Gobierno Nacional

Urge acción del Gobernador Caicedo contra Decreto del Gobierno Duque.

Por: Edward Torres Ruidiaz. 
Ex Diputado del Magdalena y Economista Especialista  en Finanzas Públicas.
Gracias al nuevo censo de población, los 30 municipios del Magdalena recibirían en 2020 $17.438 millones adicionales por  transferencias de propósito general del Sistema General de Participaciones-SGP, un incremento real del 15.8% respecto a lo que venían recibiendo.

El motivo es que el nivel de pobreza – NBI- de sus municipios empeoró en términos relativos respecto al nivel nacional, es decir, aunque en la mayoría bajó, lo hizo en menor proporción que los municipios de los demás departamentos con lo cual el factor de liquidación por pobreza aumentó. La mayor pobreza ayudaría a recibir más recursos. El mismo fenómeno sucedió con la población.

La población y el NBI son los criterios de liquidación del 83.4% de la bolsa del SGP propósito general, de más de $5 billones para 2020, y el 18,4% de los $2.2 billones de la bolsa de agua potable de gobernaciones y alcaldías.

Estas cifras ya fueron previamente liquidadas en el reciente Conpes 042 y los beneficios para las alcaldías y Gobernación del Magdalena son notables. En la tabla vemos en fondo gris las alcaldías a las cuales aumenta y en rojo los que les disminuye (DNP, Dane).

Por ejemplo Nueva Granada, que esperaba recibir un poco más de $5 mil millones por SGP propósito general, recibiría más de $7.600 millones, es decir $2.500 millones adicionales, un 55% más de lo que esperaba percibir. El impacto en los presupuestos de nuestros municipios es millonario pues estos dependen en gran medida de las transferencias del SGP.

Sigue San Ángel con 55% de incremento real y Chibolo (40%) y Pueblo Viejo (36%) siendo en total 25 los municipios que se benefician. Los 5 que pierden  recursos son liderados por Remolino (18%) y San Zenón (16%).

Gracias al notable incremento de su población, Santa Marta recibiría $696 millones adicionales.

El agregado de todos los municipios del Magdalena arroja un incremento de $17.438 millones, sólo en propósito general más lo que aplique por ese mismo concepto a las alcaldías y gobernaciones en la liquidación de agua potable.

Es un mejoramiento sumamente elevado respecto a lo que cualquier improbable reforma constitucional pudiese brindar y más importantes en estos momentos de crisis.

Pero esta buena noticia para las 25 alcaldías y la Gobernación del Magdalena podría irse al traste. Al menos esa es la intención del gobierno Duque que planea un Decreto para suspender, a al menos disminuir esta liquidación de recursos del SGP, sustentado en el artículo 139 en la ley 2008/19 para “mitigar efectos negativos derivados de las variaciones de los datos censales en la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones”. Todo un mico por el cual el Conpes reciente apenas comunicó cinco de los once giros a las entidades, a la espera del decreto de “ajuste” en mayo.

La primera pregunta es cómo definirá el gobierno esos “efectos negativos” pues si bien ello es evidente para los 680 municipios (62% del total) a los cuales disminuyen los recursos, no es así para los 422 municipios (el 38%) para los cuales estos se incrementan.

El gobierno Duque, consciente de esas limitaciones del “articulito 139” intentó variar su sentido en el comunicado del Conpes 042  cambiando el término _“efectos negativos del censo” de la ley 2008/19 por “posibles efectos del censo”.

Por ser Magdalena el cuarto departamento más beneficiado con la nueva liquidación (ver gráfico), amerita liderar de parte del Gobernador Carlos Caicedo la gestión contra el Decreto que prepara el gobierno nacional y que se mantenga la aplicación de los datos del censo de 2018 del primer Conpes.

LA ESTRATEGIA: Primeramente con medidas jurídicas ante las Cortes que defiendan los derechos fundamentales y colectivos constitucionales en juego y el principio de focalización de la fórmula de distribución del SGP, que entrega más recursos a los más pobres como estrategia para disminuir la desigualdad y la pobreza, y demostrar la inconstitucionalidad de no aplicar la fórmula con el censo 2018 o “mitigarla”, aprovechando la debilidad del artículo 139.

LOS ALIADOS: Debe liderarse un frente político y mediático ante el Congreso de la República, el DNP y el gobierno con los demás alcaldes y Gobernadores beneficiados como Chocó, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander, entre los 15 a quienes mejoran las transferencias. Sólo para el Caribe serían $108 mil millones adicionales y así mismo hay importantes ciudades y capitales que por beneficiarse pueden ser  aliados.

Y EN LA OTRA ESQUINA:  La lucha será contra los departamentos y ciudades a los cuales disminuyen recursos, lideradas por Bogotá, Antioquia, Boyacá, Huila, entre otros. Una pelea entre ricos y pobres donde la constitución estaría del lado de los pobres pero el gobierno amenaza irse por decreto con los primeros.

Recordemos que el mismo impacto en favor de los más pobres, en mayor proporción, se dará en la fórmula del Sistema de Regalías y si se pierde esta batalla no es raro que ese sea el siguiente frente del gobierno Duque contra los municipios pobres, ya antes perjudicados por las imperfecciones internas de distribución de ese sistema en favor de las ricas ciudades capitales.

Ojalá la fuerza mediática del corona virus no impida evitar esta tremenda injusticia del decreto del gobierno contra los municipios más pobres.
(Esta solicitud la he enviado  a los Gobernadores y algunos Alcaldes que podrían verse perjudicados con el Decreto, entre ellos al Dr Carlos Caicedo, Gobernador del Magdalena.)