El mandatario de los Magdalenenses manifestó en una misiva los siguiente:
Luego de un análisis juicioso del Decreto 444 del 21 de marzo
de 2020, “Por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias –FOME– y se
dictan disposiciones en materia de recursos, dentro del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica”, y hablando en nombre de los indígenas, de los
campesinos, de las víctimas del conflicto armado, de las mujeres, los niños y
niñas, de los trabajadores agrarios, de los trabajadores de la economía
informal que representan el 89,1 de los nuestros ocupados, y teniendo en cuenta
que somos el 7o departamento del país con mayor pobreza multifimensional (38.6%)
y el cuarto con mayor pobreza monetaria (46.6%), me permito expresar:
Primero, el Decreto 444 del Gobierno Nacional tiene puntos
inaceptables y altamente inconvenientes para nuestro territorio, a saber: I)
utiliza de manera inconsulta los recursos del FAE y del Fonpet; II) dichos
recursos no están siendo reorientados para resolver las necesidades locales
sino para transferirlos al sector privado y garantizar la liquidez de los
bancos; III) el Banco de la República y el Gobierno están desconociendo otras
fuentes de financiamiento posibles si se flexibiliza la política monetaria, como
lo están haciendo otros bancos centrales del mundo; IV) Los recursos se
invertirán a discreción del Ministerio de Hacienda sin mayor claridad ni especificación.
Segundo, proponemos medidas para fortalecer la red
hospitalaria, y que en consecuencia se permita: I) el desahorro FONPET para la
red hospitalaria local; II) utilizar las cuentas maestras en salud; III) el
apalancamiento de las redes departamentales de salud (hospitales) con FAE;
IV) que se realicen los pagos del acuerdo de Punto Final a
las EPS; v) la destinación de recursos para para la red hospitalaria desde las
CAR; VI) ampliar la resolución que regula el PIC en salud para atender la emergencia.
Tercero, el uso de las reservas internacionales. Creemos que
es el momento de debatir sobre estas reservas, pues su monto actual de 53 mil
millones de dólares es más que suficiente para la crisis.
Es posible utilizar de
manera directa una parte de estos recursos pues son activos que el país puede
utilizar de manera responsable: si se recurriera a 7 mil quinientos millones de
dólares, que no afectan la seguridad financiera, serían 30 billones de pesos. El
monto de reservas es excesivo y, adicionalmente, su rendimiento es mínimo.
Ahora apenas es de 0,25% al año.
Cuarto, los bancos centrales –comenzando por la Reserva
Federal y el Banco Central Europeo– están haciendo movimientos monetarios que
permiten inyectarle recursos a la eco- nomía. En nuestro caso el Banco de la
República le puede prestar al Gobierno y, además, tiene otros mecanismos para
aligerar el peso de la deuda y generar recursos que se pueden utilizar en la
atención de la crisis. Las alternativas son variadas, y van desde la compra de TES
en el mercado secundario, hasta un replanteamiento de la forma de contabilizar
las reservas en pesos.
Quinto, la deuda pública externa con reservas. Declarar una
moratoria es otro mecanismo, pues el país no puede pagarle a la banca cuando no
tiene para darle de comer a la gente en sus pueblos en medio de la pandemia.
Con estos recursos se podría fortalecer de forma significativa la débil red
pública hospitalaria.
Sexto, utilizar facultades de emergencia para que con los
recursos de Ciencia y Tecnología de las regalías los territorios tengan los
equipos básicos de laboratorios y de respiración asistida, pues los gobiernos
locales están completamente desprotegidos en esto. En el caso del Magdalena, es
necesario reforzar los medios técnicos para ofrecer respiración asistida en los
hospitales del departamento.
Séptimo, reorientación de recursos para la organización de
un Banco de Alimentos Nacional, con el fin de entregar mercados robustos a las
personas pobres más vulnerables durante 90 días inicialmente y de manera
preferente para aquellos que no tienen ningún tipo de subsidio.
Se trata de un
mercado solidario a la casa, mediante la construcción de un modelo que cuente
con el acopio de alimentos nacionales y departamentales para garantizar una
distribución equitativa eficiente.
Octavo, para la economía de los hogares y empresas,
proponemos: I) congelación de servicios públicos por un periodo de 90 días para
los sectores más vulnerables, tal y como se ha hecho en países como España o
Francia; II) Congelación de cuotas de créditos hipotecarios y comerciales para
segmentos más afectados; III) Alivios para los deudores del sector bancario y
comercial y, en especial, para aquellos del sector de la economía informal. Se
debe suspender el cobro de las cuotas correspondientes a dichos créditos por un
periodo de 90 días. Estas deudas deben se diferibles en los meses siguientes
del crédito y sin intereses, como lo han hecho otros países.
Noveno, medidas de solidaridad digital y de comunicaciones.
En esta crisis nadie puede estar incomunicado. Por tanto, se le debería pedir a
las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones que ofrezcan de
manera gratuita, y durante 90 días, el acceso ilimitado desde los teléfonos y
canales digitales. Este mecanismo facilitaría las comunicaciones entre las per-
sonas, sus familias y ayudaría a los peligros del aislamiento y sus
consecuencias en la salud mental de los ciudadanos. Se ayudaría también a
reducir los efectos perversos de la parálisis económica.
Décimo, pero no menos importante, las medidas para el sector
informal. Proponemos adoptar medidas efectivas en favor de los trabajadores
informales que más se ven afectados por la situación, tales como las ventas
ambulantes, los trabajadores rurales y las trabajadoras domésticas. Un
mecanismo podría ser el otorgar un ingreso básico de emergencia o de “renta
antipobreza” a los más necesitados, de manera que puedan adquirir alimentos y
gastos de primer orden. El valor de la renta básica podría estar entre 0,5 y un
salario mínimo mensual al mes, programado por 90 días.
Finalmente, y con el mayor respeto por la autoridad central,
sentimos que las regiones estamos siendo tratadas como si fuéramos incapaces de
gestionar los asuntos de nuestras comunidades. Pare el caso del Magdalena, es
importante recordar que el 86% de nuestra población está en la informalidad y
que en esa medida no tiene ahorros para hacerle frente a la cuarentena. Así,
las facultades de uso excepcional de los recursos del FAE y del FONPET deben
ser para los entes territoriales.
Los alcaldes y gobernadores podríamos destinar estos fondos
para el fortalecimiento de la red pública de salud y la respectiva contratación
de personal, para hacer alianzas con los hoteles a precio de costo y ampliar el
insuficiente número de camas, así como para adecuar equipos y suministros de
elementos necesarios para los hospitales y clínicas, incluyendo elementos de
protección para el personal médico y las pruebas contra el coronavirus.
Señor Presidente, no nos podemos equivocar. Como gobernador
del Magdalena le pido reconsiderar el decreto y privilegiar la autonomía de los
entes territoriales para el manejo de la crisis, en tanto que las gobernaciones
y las alcaldías son las verdaderas responsables en la atención directa de la
asistencia sanitaria producida por la pandemia.
De nuestra rápida articulación y de una estrategia basada en
la confianza entre el gobierno nacional y las autoridades locales, dependerá la
adecuada y oportuna atención a millones de personas que hoy dependen de nuestro
ejercicio de autoridad. Dicho ejercicio debe estar definido por la ética, la
priorización el bien común y la gestión técnica, transparente y efectiva, y es
la única respuesta posible a la confianza que millones depositaron en las urnas
al elegirnos a nosotros como guardianes de su bienestar. La única prioridad
aquí es la vida del pueblo colombiano. Todo lo demás puede esperar.
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