Ordenan reemplazo de 6 directivos de la Universidad Autónoma del Caribe, en el marco de la vigilancia especial dispuesta para esa Institución


Estas decisiones permitirán corregir y superar en el menor tiempo posible, las deficiencias que persisten y que han impedido la implementación efectiva de medidas por parte del Ministerio de Educación Nacional.

El Ministerio de Educación Nacional en el marco de las medidas de vigilancia especial ordenadas en la Universidad Autónoma del Caribe, expidió la Resolución 013650 de 2019, en la cual se dispuso el remplazo por el término de un año, prorrogable por una vez, de Álvaro de Jesús Cervantes Sanjuanelo; Paul García Visbal; Fredy Álvarez Martínez; Francisco Javier Gómez Miranda; Arnulfo Rafael Rico Camacho y María Cristina Vargas Cormane, directivos de la Institución y miembros de la Sala General.

La Ley 1740 de 2014 en su artículo 13, numeral 4°, prevé que el Ministerio de Educación Nacional podrá adoptar este tipo de medidas cuando uno o varios de los consejeros, directivos, representantes legales, administradores o revisores fiscales "no cumplan, impidan o dificulten la implementación de las medidas u órdenes adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional durante la vigilancia especial, oculten o alteren información"

Se precisa que la medida de reemplazar a estos directivos no tiene carácter sancionatorio, y lo que busca es precisamente, garantizar la continuidad de la prestación del servicio y lograr las condiciones de gobernanza que faciliten a la Institución superar la situaciones que motivaron la adopción de las medidas de vigilancia especial.

En este sentido y mientras subsistan las situaciones que generaron la crisis, el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Subdirección de Inspección y Vigilancia y sus designados, continuará adelantando el acompañamiento necesario que se requiera en el marco de las actuaciones de carácter preventivo ordenadas y reitera a la comunidad educativa de la Uniautónoma su compromiso para continuar adelantando las gestiones necesarias que permitan el restablecimiento de la prestación del servicio educativo en condiciones de calidad.