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Partido Alianza Verde solicita al Gobierno Nacional, que no se dilate más la escogencia de la Terna para la Alcaldía de Santa Marta


El Partido Alianza Verde a través de un comunicado a la opinión pública exige al Gobierno Nacional, aplicar sin dilación lo ordenado para el caso de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, dada la separación del cargo y privación de la libertad de su alcalde Rafael Martínez, para que en los plazos y procedimientos legales se escoja su reemplazo de la terna presentada por el Movimiento Fuerza Ciudadana, que ha superado de lejos los tiempos definidos en el Parágrafo Tercero de la Ley antes citada.

Estos son aparte del comunicado: “Nuestro compromiso con la Democracia está siempre sujeto a la Constitución y la legalidad que se desprende del respeto a nuestra carta política como colombianos. La Constitución define en su Artículo 40, numeral 3. “Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas”, de modo que los elegidos por los partidos y movimientos políticos gozan de la protección del estado y de las leyes que reglamentan y desarrollan este mandato constitucional”.

Así mismo señala “en ese sentido el Artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, en su Parágrafo Tercero garantiza y ordena el procedimiento para suplir las faltas permanentes de los gobernadores o alcaldes que hayan sido elegidos en representación de un partido o movimiento político”.

Igualmente, el partido Alianza Verde solicita a las autoridades judiciales para que garanticen el debido proceso, tanto en el cumplimiento de los términos como de los procedimientos judiciales, para que el estudio de las conductas imputadas al alcalde Rafael Martínez, gocen de total transparencia y ajuste en aplicación de la ley.

Por último, exhortan a la ciudadanía a acompañar tanto el reconocimiento del legítimo derecho de Fuerza Ciudadana a seguir al frente del gobierno del Distrito de Santa Marta que fue respaldado por 91.294 electores en octubre de 2015, como al trato en legítimo derecho en el proceso que enfrenta el alcalde Rafael Martínez.