Las Finanzas de Santa Marta salieron nuevamente bien
libradas tras un nuevo fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo
del Magdalena que las favorece en nueve restricciones contra la antigua
concesión Recaudos y Tributos (R&T), cuyo propósito es quedarse con $26 mil
millones por conceptos de indemnización, luego que el exalcalde Carlos Caicedo
les canceló en 2014 el contrato de cobros de impuestos en aras de recuperar la
soberanía tributaria del Distrito.
Por medio de la providencia, la justicia dictó: “Primero, no
probada la excepción de caducidad propuesta por la sociedad R&T; segundo, no
probada lo excepción de inepta demanda propuesto por lo sociedad por la
sociedad R&T; tercero, no probada la
excepción de cosa juzgada propuesta por la sociedad por R&T”.
“Cuarto, declara la nulidad absoluta del contrato No. 092 de
2602. Otrosí No. 1 de 23 de enero de 2009 y otrosí No.2 del 1 de septiembre de
2010 suscritos entre el Distrito de Santo Marta y la sociedad R&T S.A.,
cuyo objeto es la modernización del sistema y la gestión de los recaudos tributarios
del Distrito, o a través de la
implementación de modernas técnicas de sistematización y de información, la
complementación, depuración y actualización de las bases de datos de los
tributos locales y la atención e información al contribuyente”.
De igual forma, el Tribunal profirió: “Quinto, sin lugar a
restituciones mutuas; sexto, denegar la pretensión de reparación interpuesta
por la sociedad R&T S.A. en contra del Distrito; séptimo, no condenar en costos o las partes; octavo,
reconocer personería como apoderado sustituto de la sociedad R&T S.A. al
profesional del derecho, Enrique José Arboleda Perdomo -teniendo en cuenta el
escrito obrante o folio 1324 del expediente-; noveno -si no fuere apelada la
sentencia- ordenar el archivo del
expediente”.
La medida obedece a la gestión iniciada por Caicedo, quien
en 2012 –su primer año como alcalde- emprendió una fuerte batalla contra la
concesión que controlaba los impuestos en la capital del Magdalena desde el
2002. Argumentado que además de ser una entidad ilegal, las acciones de R&T
constituían un perjuicio contra el patrimonio de Santa Marta.
Al igual que Metroagua – concesión que prestaba el servicio
de acueducto y alcantarillado bajo pésimas condiciones en la ciudad, por lo que
también se le canceló el contrato- R&T era filial de Canal Isabel II del
grupo español Inassa, salpicado por la Justicia y por denuncias del dirigente
costeño de perpetrar múltiples irregularidades y sobornos.
Conforme a ello, la Fiscalía cursa varias investigaciones
contra el exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, acusado por
Caicedo de recibir pago de coimas para resolver a favor de R&T en la
disputa de los $66 mil millones como reparación a la cancelación de su
contrato.
Según el ente acusador, las denuncias también tienen
viabilidad toda vez que el supuesto soborno se habría pagado con cargo a
contratos ficticios suscritos por la sociedad Recaudos y Tributos.
Se trata de la sentencia 1082 de 2012, por medio de la cual,
el exmagistrado le había dado la razón a R&T, al impugnar un fallo del
Juzgado Quinto Civil de Santa Marta, el cual resolvió una demanda de la firma
por la terminación de un contrato suscrito entre esta y la Administración de la
capital del Magdalena
