En el mismo documento le
solicitan al presidente Iván Duque, que en el caso de ser necesario la
definición de un encargo, se haga dentro de los términos establecidos por la
ley.
Los congresistas Alternativos en
calidad de representantes de esos grupos políticos y de partidos declarados en
oposición, solicitaron de manera clara y contundente que se protejan los
derechos fundamentales y convencionales de Carlos Caicedo y Rafael Martínez,
líderes de Fuerza Ciudadana.
De acuerdo con lo manifestado en
el documento que contiene ocho páginas y va dirigido a: El Presidente de la
República, Iván Duque; el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez
y al Procurador general, Fernando Carrillo, lo que se observa es una grave y
sistemática persecución judicial de carácter penal en contra de Fuerza
Ciudadana.
“La situación es realmente
preocupante, pues en verdad, lo que se observa es una grave y sistemática
persecución judicial de carácter penal en contra de Carlos Eduardo Caicedo y
Rafael Martínez, instrumentalizada por el director Seccional de Fiscalías de
Santa Marta, el señor Vicente Guzmán, quien no sólo llegó a esa designación,
según advirtieron algunos medios de comunicaciones por cuenta de su cercana
amistad con el ex magistrado Francisco Ricaurte — hoy detenido por integrar
presuntamente el cartel de la toga- sino que además mostró su interés tortícero
por cuenta de la grave denuncia que hizo el entonces juez octavo de garantías
de Santa Marta, Gabriel Ospino Guzmán, quien precisamente en el mes de
noviembre de 2017, no sólo negó la medida de aseguramiento pedida por la
Fiscalía en contra de los precitados líderes políticos de Santa Marta, sino que
además denunció que el señor Vicente Guzmán, actual Director Seccional de
Fiscalías, en el desarrollo de las audiencias para pedir la privación de la
libertad, lo invitó a que fuera a su oficina, tal y como se publicó en medios
de comunicación local”, argumentaron los congresistas.
Por razón de todo lo expuesto y
otros considerandos (ver documento), solicitaron como ciudadanos y líderes
políticos, que en el marco de las competencias constitucionales y legales de
cada uno de a quienes se dirige esta comunicación, se accede a las siguientes
peticiones:
Al Señor Fiscal General de la
Nación, que disponga el cambio de radicación de todas las investigaciones
penales que cursan actualmente en contra de Carlos Eduardo Caicedo Omar y de
Rafael Martínez. De este modo, se solicita que todas esas diligencias sean
trasladadas hasta la ciudad de Bogotá y por ende, que cualquier actuación
judicial que se deba surtir se haga ante los jueces de garantías de esa ciudad.
Igualmente, que se den las instrucciones del caso para que se ofrezcan
verdaderas garantías en cada una de dichas investigaciones en contra de los
citados ciudadanos.
Al Señor Procurador General de la
Nación, supremo garante de los derechos de las personas y del interés general,
quien además se ha destacado por garantizar la imparcialidad en las
instituciones del Estado, cumpliendo así con sus funciones constitucionales y
legales que le son propias, para que acompañe y defienda los derechos de Carlos
Eduardo Caicedo y Rafael Martínez.
Al Señor Presidente de la
República, para que, en caso de ser necesario la definición de un encargado
como Alcalde de Santa Marta, tome esa decisión en los precisos términos fijados
por la Ley 1475 de 2011, sin dilaciones de ningún orden.
Dentro de los firmantes de este
documento de apoyo se encuentran: Iván Cepeda, Antonio Sanguino, María José
Pizarro, Gustavo Petro, Aída Avella, León Fredy Muñoz, Ángela Robledo, Victoria
Sandino, Gustavo Bolívar, David Racero, entre otros.