El Tribunal Administrativo del Atlántico, decretó las
medidas cautelares solicitadas y en consecuencia se ordenó frenar el aumento de
las tarifas de la energía y suspender el proceso de contratación de terceros
operadores.
En un hecho histórico en el país, el Tribunal Contencioso
Administrativo del Atlántico mediante decisión judicial resolvió a favor del
dirigente costeño, Carlos Caicedo, aprobar dos de las medidas cautelares que
interpuso ante dicho despacho judicial, en aras de frenar un posible incremento
de las tarifas del servicio que Electricaribe le presta a un gran sector de los
habitantes de la Costa y suspender el
proceso de contratación de terceros operadores.
En el texto de la providencia proferido el pasado 18 de
enero de 2019 y notificado por estado electrónico el 12 de febrero de la
presente anualidad se ordena a la Comisión de Regulación de Energía y Gas
(Creg) que antes de aprobar alguna modificación a la tarifa del servicio de
energía prestado por Electricaribe, programe, establezca y evacue dos mesas de
concertación en audiencias públicas en cada uno de los Departamentos afectados
-en los cuales Electricaribe presta sus servicios-, a fin de que se realicen
audiencias de socialización en las que participen funcionarios de la Creg,
alcaldes de los municipios afectados, comités locales de usuarios y el actor,
para que allí se discutan todos los asuntos relativos a la pertinencia,
eficacia, ventajas, desventajas y condiciones de las modificaciones tarifarias
a adoptar.
Señala la providencia que las audiencias deberán ser
coordinadas con los sujetos intervinientes y la parte actora, en este caso
Carlos Caicedo, quien interpuso la acción popular para frenar la privatización
de la Empresa Electicaribe y el aumento de las tarifas.
Con relación a este mismo punto, el centro de servicios
judiciales, especifica que -entre otras ordenanzas- : “Los dos meses de
concertación en cada Departamento se harán como mínimo dentro de un mes; la Procuraduría,
será la encargada de rendir informes sobre el avance en el cumplimiento; los
resultados de esas mesas de difusión y concertación con los usuarios del
servicio de energía en la Costa, deberán ser analizadas a profundidad por la
Creg a efectos de fundamentar o no la necesidad de modificar las tarifas por la
prestación del servicio”.
Igualmente, se ordena a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, al Ministerio de Minas y Energía y a cualquier otra
entidad que resulte competente, que antes de escoger el nuevo operador de la
Empresa Electricaribe, establezca otras dos mesas de concertación en cada uno
de los Departamentos afectados, a fin de que en estas se realicen audiencias de
socialización en las que participen funcionarios de la Superintendencia, de la
Creg -y todas las parte implicadas-. Dichas autoridades, deberán programar,
establecer y evacuar dos mesas de concertación en audiencias públicas en cada
uno de los Departamentos.
Cabe recordar que entre las medidas cautelares se detallaba:
“Primero, que se congele cualquier tipo de aumento hasta tanto no se agote la
dinámica de la consulta y participación; segundo, que se suspenda cualquier
enajenación, contratación o vinculación de un privado a la operación del
servicio entre tanto no se avance con el
proceso; y tercero, que se revise la escala tarifaria que tiene Electricaribe
para la región y se compare con las del resto del país”.
Hay que recordar que la iniciativa liderada por Carlos
Caicedo, contó con el apoyo de cerca de mil organizaciones sociales, comunales,
sindicales y comerciales de siete departamentos, justo después que el Ministro
de Hacienda manifestara que, con respecto a la compañía electrificadora,
“habría que tomar acciones”, referentes al incremento del valor a plasmarse en
las facturas, lo que afectaría el bolsillo de los gremios y casi todos los
habitantes del litoral norte de Colombia.
Antecedentes:
Luego de los abusos y la mala prestación del servicio de
energía que presta Electricaribe, el dirigente Carlos Caicedo se dio a la tarea
de estructurar una acción popular para lograr que el Estado recuperara la
titularidad del servicio, al igual que se frenaran los aumentos de las tarifas
de la energía y que realizara las inversiones que se requieren para mejorar la
infraestructura.
En abril de 2017, agotó el requisito de procedibilidad ante
el Gobierno y Electricaribe, escrito en el que pidió: Que el Estado fuera el
titular del servicio con la estatización de la empresa; la realización de las
inversiones públicas que se requirieran para mejorar la prestación del servicio
y se apoyara la puesta en marcha de energías renovables y amigables con el
medio ambiente.
En septiembre de 2017, se radicó acción popular ante el
Tribunal Administrativo del Atlántico, en la que se pidió que el Estado no sólo
adquiera la totalidad de las acciones de la empresa Electricaribe sino que
además que destine recursos públicos para realizar las inversiones que sean
necesarias para mejorar la infraestructura y redes para la prestación del
servicio público de energía eléctrica y también para que se tramite una ley que
le otorgue a los usuarios de los estratos 1 y 2 y sectores subnormales
subsidios del 100% de la tarifa.
El 22 de enero de 2018, la acción popular fue admitida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico y dentro del trámite del proceso, el
24 de agosto de 2018, Carlos Caicedo solicitó varias medidas cautelares tales
como: la suspensión del aumento de las tarifas del servicio de energía a todos
los usuarios; suspender el proceso de contratación de operadores del servicio
que abrió Electricaribe; ordenar apropiar recursos para realizar las
inversiones que se requieren en el sistema de energía.
Mediante decisión judicial del 19 de enero de 2019, el
Tribunal Administrativo del Atlántico, decretó las medidas cautelares
solicitadas y en consecuencia se ordenó: frenar el aumento de las tarifas de la
energía y suspender el proceso de contratación de terceros operadores.