18 parlamentarios aluden persecución política contra el
excandidato presidencial.
El excandidato presidencial Carlos Caicedo recibió un
importante respaldo por parte de la bancada alternativa del Congreso de la
República, luego que el citado frente de oposición le solicitó al Ministerio
Público y a los órganos de control garantizar la protección del dirigente del
movimiento Fuerza Ciudadana.
En total fueron 18 los parlamentarios de diferentes
partidos, organizaciones políticas y representativas de personas, quienes
firmaron una carta dirigida a: la Fiscalía y Procuraduría General; Defensoría
del Pueblo; entre otras autoridades, con el propósito de dar cuenta de una
posible persecución política de la cual sería víctima el también exalcalde de
Santa Marta.
Los congresistas son: Antonio Sanguino Páez, Iván Cepeda
Castro, Aída Avella, Feliciano Valencia Medina, Pablo Catatumbo, Omar Restrepo,
Neila Ruiz, Jesús Castillo, María José Pizarro, Luis Alberto Albán, Carlos
Carreño, Julián Gallo, Griselda Lobo, Victoria Sandino, Ángela María, David
Racero, Alexander López y Gustavo Bolívar.
“Como congresistas de la República de Colombia, hemos tenido
noticia de la situación jurídica y las citaciones enviadas por la Fiscalía –
Seccional Magdalena-, a Carlos Caicedo, dirigente del movimiento Fuerza
Ciudadana, con el que nos solidarizamos y queremos expresar nuestra más
profunda preocupación por una persecución orquestada en cuanto a denuncias y
testimonios por sus opositores, con el único propósito de darle muerte política
al mismo y a sus dirigentes, razón por la cual acudimos a sus despachos para
exponerles este caso que merece toda su atención, y solicitar las medidas de
protección pertinentes para garantizar el derecho fundamental y constitucional
a la participación política”, reza en la misiva.
Caicedo lo viene advirtiendo
Es de destacar que el mismo Caicedo viene denunciando los
hechos en mención desde su periodo como mandatario de la capital del Magdalena,
lo cual volvió a sacar a la luz pública tras el más reciente caso de corrupción
que involucra a los exmagistrados de la Corte Constitucional Jorge Pretelt y
Rodrigo Escobar, señalados por la Fiscalía de recibir sobornos por parte de la
antigua empresa de Recaudos y Tributos (R&T), filial de la multinacional
española Inassa, propietaria de Metroagua, cuyas concesiones y exfuncionarios
también fueron acusados por el excandidato a la jefatura de Estado.
“Esa denuncia me valió una investigación en mi contra por
parte de la procuraduría con el fin de frenar el proceso que habíamos
adelantado. Inclusive, el excontralor distrital, le pidió al presidente que me
retirara del cargo como alcalde porque le preocupaba que fuéramos a fondo
contra Inassa. Los políticos del Magdalena también impulsaron dicha
investigación en la Fiscalía para que yo fuera detenido porque aquí hay un
sistema de corrupción que afecta a las instituciones privadas y públicas”,
señaló en su momento el líder de Fuerza.
Una larga lista
Conforme a ello, los senadores y representantes también
resaltaron en el oficio las 48 investigaciones penales vigentes contra Caicedo,
justo después que éste se postulará como precandidato presidencial.
“Se identificó un aumento significativo de las investigaciones
adelantadas en contra del mismo en el último año. El número de procesos penales
aumentó en un 37%, lo que corresponde a 13 investigaciones nuevas”, argumentan
en la carta.
Igualmente, entre las pesquisas, destacaron cuando el
exparamilitar Adán Rojas Mendoza indicó, en el marco de una de las audiencias
de Justicia y Paz que los abogados Alex Fernández -quien fue admitido como
representante de la parte civil en el proceso penal No. 10191 (065)- y Dilia
Barón, le ofrecieron una suma de dinero, a nombre del señor Álvaro Cotes
–hermano de la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes; y padre del anterior,
Luis Miguel Cotes- para que testificara en contra del saliente burgomaestre.
Esas y otras posibles irregularidades en procesos penales
-por medio de los cuales se salpicaría a Carlos Caicedo- fueron detallados en
el escrito, por lo que se espera que el fiscal general, Néstor Humberto
Martínez; el procurador general, Fernando Carrillo; y el Defensor del pueblo
Carlos Alfonso Negret, acaten las medidas respectivas para preservarle el
derecho a la vida al exalcalde.