La Administración Departamental tendrá 30 días para cumplir
la diligencia.
La Secretaría de Gobierno Distrital, expidió este martes una
orden a la Gobernación del Magdalena para que se encargue del cerramiento del
lote ubicado en la calle 22 entre las avenidas de El Ferrocarril y Los
Estudiantes, donde se tenía dispuesto construir el Parque Taykú, cuyo predio y
proyecto pertenecen a la administración departamental.
El procedimiento se hizo efectivo en el marco de una
audiencia liderada por la Dirección de Asuntos Policivos y Recuperación del
Espacio Público, a cargo de Marcelino K’david, dependencia adscrita a la
Secretaría de Gobierno Distrital, que contó con la coordinación logística de la
Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta –Essmar-.
“Se procedió a tramitar una citación a audiencia pública por
infracciones contraria a la posición y tenencia de bien inmueble conforme al
artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia. Para que, como
sucede con los particulares que deben responder por el cuidado, mantenimiento y
cerramientos de sus propiedades, también responda el Estado -en este caso, el
ente territorial Departamento del Magdalena -sobre sus inmuebles, lotes
abandonados y el debido cerramiento de los mismos. La administración
departamental -como presunto infractor- tendrá que asumir las consecuencias
sancionatorias y medidas correctivas previstas en el Código Nacional de
Policía”, indicó la Essmar.
Por su parte, K’david explicó que la orden hace parte de una
campaña de cerramiento de lotes con la cual el alcalde Rafael Martínez -por
medio del secretario de Gobierno, Adolfo Bula- le apuesta a mejorar la imagen y
el embellecimiento de la ciudad, además de garantizar la preservación de la
salud pública, al no permitir el arrojo de basuras y el hábitat de personas en
situación de calle en dichos terrenos públicos y particulares.
“Esta iniciativa del Distrito está enfocada que todos los
propietarios de lotes limpien y cierren adecuadamente sus solares, de lo
contrario serán citados a audiencia pública y sancionados pecuniariamente hasta
que cumplan con su deber constitucional de responsabilidad social y ecológica
con respecto a sus propiedades”, manifestó el funcionario de la Secretaría de
Gobierno.
Por tal motivo, so pena de sanción, la Gobernación firmó el
compromiso consistente en encargarse del cerramiento y respectiva limpieza,
cuyo plazo para a cumplir es de 30 días.